viernes, 18 de junio de 2010

FÚTBOL Y SOCIEDAD

Nuestra selección de fútbol es un reflejo exacto de nuestro país, muchos pasesitos laterales y hacia atrás, poca profundidad y nula contundencia. No es que nos “apanique” la vista inerme de la portería contraria, o que nos dé compasión el portero contrario y su familia, es que nunca terminamos lo que hacemos, lo que buenamente planeamos. O nos tiramos en la hamaca a imaginar qué bonito país seríamos si anotáramos goles y cumpliéramos con lo que debemos, o caemos en el frenesí del hacer mucho sin pensar nada. Pero a esto que parece idiosincrático, producto de “traumas históricos” no resueltos y por tanto una fatalidad contra la que no se puede hacer nada, hay solución; existe otra interpretación de las cosas, otra versión de la historia, otros ejemplos que muestran que se puede jugar bonito y ganar más de lo que se pierde. Hemos caído en un sistema de juego que no va con nuestras características físicas ni mentales, que no nos conviene ni a jugadores ni a espectadores, pero sí resulta altamente ganancioso para las televisoras, para los patrocinadores que nos hacen comprar sus productos aunque no nos sirvan ni tengamos como pagarlos y a los dueños de los equipos mejor financiados.
Toca la suerte de que este texto se escriba y entregue antes de saber el resultado del segundo partido de la selección mexicana, esta vez frente a la de Francia, que según dicen los que saben, sus jugadores tienen serios conflictos con su técnico. Lo que sí se sabe es que Uruguay goleó a los sudafricanos, lo que compromete el futuro tricolor. Lo mismo pasa en lo político y judicial. Nuestra suprema corte de justicia (así, con minúsculas) se dejó golear, teniendo la victoria al alcance les dio miedo o cayeron en la inercia de la defensa de intereses que a la mayoría no nos convienen y ya nos dimos cuenta.
Jesús Silva-Herzog Márquez lo resumió así: “Caminamos diariamente sobre la catástrofe. La superficie que pisamos es un suelo quebradizo montado sobre el charco de la simulación. Hemos pactado la farsa. El imperio de la ilegalidad nos hace a todos vulnerables pero a unos garantiza impunidad. No podemos confiar en los cimientos de la convivencia pero damos por descontado el resguardo de la clase política. No la protege solamente el poder que ejerce, ni las reglas que la escudan. La guarece esa maraña ancestral de desacatos, ese enredo de infracciones generalizadas. Los hábitos son la coartada perfecta. Bajo la confusión impera la impunidad: un alto funcionario no se hace cargo cabalmente de la institución que encabeza. La dirige pero advierte que es incapaz de controlarla. Está trepado en un animal indomable. Se pasea dando la cara por la institución, recibe los beneficios de la oficina pero se declara incapaz de domar a la bestia. La irresponsabilidad está instituida”. La esperanza se frustró, la ilusión no pasó de ser eso a pesar del dictamen del ministro Zaldivar que establecía claramente que la corte tiene “el deber de señalar con toda la fuerza de la Constitución, las violaciones a los derechos de los cuarenta y nueve niños que fallecieron y de los más de cien que sufrieron lesiones, el cinco junio de dos mil nueve en la guardería ABC, y de sus familiares, así como determinar con claridad a las autoridades que por sus omisiones o negligencias provocaron tales violaciones”. Pero otros no opinan igual y se valen de argumentos legaloides y otros que son simple retórica estúpida para eludir su deber, la corte no está a la altura de las circunstancias, ha tenido en repetidas ocasiones la oportunidad de cambiar las cosas pero no hay sensibilidad, no hay capacidad ni voluntad de liderazgo, les queda grande la alta responsabilidad que se supone que tienen, eso sí, no renuncian a sus altos salarios ni se cuestionan cuando aprovechan sus privilegios y compensaciones. Se votó en contra de un cambio en la forma de pensar y hacer las cosas, se perpetúa la irresponsabilidad y la impunidad a costa de la vida de los demás, la propuesta decía: “Pero de manera especial, es un llamado a la sociedad y a las autoridades de todo el país en el sentido de que es necesario un nuevo paradigma en la cultura política, a efecto de entender en la vida práctica y no sólo en el discurso, que ostentar un alto cargo público es más que un privilegio una responsabilidad que debe honrarse todos los días; que para el respeto pleno de los derechos fundamentales en México no hay excusas ni pretextos, por lo que toda acción u omisión grave deben ser señalada y tener consecuencias”.
Los que como padres hemos tenido que llevar a nuestros hijos a una guardería o CENDI (Centro de Desarrollo Integral) necesitamos estar seguros de que estarán bien, de que el trato que reciban será el mejor, de que su alimentación será adecuada, de que las instalaciones serán apropiadas y seguras, que el personal será suficiente y estará capacitado, que el ambiente será el mejor para que su estimulación física, emocional e intelectual contribuya a su desarrollo equilibrado y que existen responsables de que todo eso sea una realidad cotidiana. Tampoco es el caso: “De los resultados arrojados por la auditoría jurídica, practicada a las guarderías subrogadas bajo el esquema vecinal comunitario, así como de los datos obtenidos en las inspecciones oculares practicadas a una muestra representativa, la Comisión Investigadora concluye que quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado… solamente el punto tres por ciento de las guarderías cumple cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento”.
Lo que estamos viendo con las discusiones y votaciones del pleno de la tremenda corte, como decía ese personaje entrañable conocido como Trespatines, es que los ciudadanos comunes y corrientes estamos indefensos, que los funcionarios públicos de cualquier nivel no son responsables de nada, que pueden desconocer todo de lo que deben ocuparse y que no pasa nada, seguirán cobrando como si supieran y como si trabajaran. El dictamen que hemos estado citando buscaba recuperar algo que para muchos aún es importante: “La resolución que se emita no tendrá fuerza vinculante pero sí la fuerza moral del Tribunal constitucional. No adjudicará responsabilidades penales, administrativas o civiles pero sí constitucionales, éticas y políticas. No servirá para sancionar a las autoridades pero sí para señalarlas desde los valores de la Constitución y reprobarlas con ese peso. En suma, tendrá como objetivo primero y último el velar por el respeto a los derechos fundamentales y por la integridad de la Constitución”.
Otra oportunidad perdida.