sábado, 21 de agosto de 2010

DERECHOS DISLOCADOS

Este lunes terminan las vacaciones escolares, las cifras de alumnos que regresarán a las aulas es impresionante, tan sólo en nuestro estado y refiriéndonos a la educación básica son más de 415 mil abarcando la pública y privada. Los niveles superiores ya tienen dos semanas de actividad escolar y en esta etapa histórica de bono demográfico las cifras son, también, casi increíbles, tan sólo el sistema Colegio de Bachilleres anda por los 25 mil alumnos y no hay, todavía, una cifra exacta porque se siguen inscribiendo y hay una buena cantidad de primer ingreso en calidad de “oyentes” porque les falta terminar el proceso de entrega de documentación.
Como sea, el número de estudiantes da una pequeña idea del talento y las capacidades que se pueden y deben desarrollar en el aula. Desafortunadamente tenemos deudas sociales pendientes en lo referente al derecho a la educación.
Me explico. Es frecuente que las autoridades educativas festejen las cifras de cobertura que ha alcanzado el sistema educativo nacional, pero detrás de esos porcentajes casi fabulosos están escondidos rezagos graves que no hemos querido ver. El informe titulado “El Derecho a la Educación en México” presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), revela datos importantes citados por la investigadora educativa Leticia Araujo en la Revista Educación 2001 de julio de este año, como estos: “de cada 100 niños de 6 a 11 años, 98 asisten a la escuela. Al ser este un alto porcentaje, pareciera que la cobertura está casi resuelta, sin embargo, lo anterior es cierto sólo para el 88% de quienes entre 4 y 5 años, para 92% de los de 12 a 14, y para 65% de los de 15 a 17 años. Las cifras de niños que no asisten a la escuela son significativas: poco más de 480 mil de 4 a 5 años; 240 mil de 6 a 11; 574 mil de 12 a 14 años y 2.4 millones de 15 a 17. La inasistencia a la escuela va de entre 20 y 30 por ciento de los niños de 5 a 14 años de edad”. Es decir, el problema no es sólo de cobertura, sino de cómo la desigualdad social le está pegando a la asistencia escolar y al incumplimiento de ese derecho a la educación.
Pero el derecho a la educación no se refiere sólo a los que no pueden asistir a la escuela aunque la tengan relativamente cerca, también abarca a la adquisición de saberes y aprendizajes que resulten relevantes para los que sí asisten y a los que no se podría acceder fuera de la escuela. Es decir, se demuestra que la escuela es indispensable para el desarrollo integral de los escolapios. Lo anterior nos lleva a considerar los índices de reprobación y deserción como algo más que simples números. Un maestro que tiene altos niveles de reprobación porque no es capaz de lograr aprendizajes relevantes de sus alumnos, no sólo está atentando contra los indicadores académicos de la institución para la que trabaja, sino que está atentando contra el derecho a la educación de los alumnos puestos bajo su cargo y responsabilidad, y no se trata de regalar calificaciones para que todos pasen, sino de lograr esos aprendizajes que marcan la diferencia entre como iniciaron el ciclo escolar y como lo terminaron. Por eso es un crimen que las instituciones educativas mantengan dentro de su plantilla laboral a esos maestros que, además de no cumplir con los objetivos de la institución, tampoco, y más grave, garantizan que los alumnos que tienen en el aula logren esos aprendizajes o desarrollen esas competencias que les serán indispensables en su vida actual y futura. Ejemplos de esa ineficacia y corrupción hay muchos, seguramente se nos viene más de un nombre a la cabeza mientras leemos este texto.
La desigualdad económica y social también penetra nuestras escuelas, baste decir que “seis de cada diez escuelas del área rural o indígena no cuentan con drenaje ni agua entubada mientras que el área urbana, 15% de los planteles tienen problemas con estos servicios”.
Regresemos a lo local y a la necesidad de que los sistemas educativos funcionen de forma más o menos coherente entre sí, porque si una parte se disloca todos los elementos restantes a su alrededor pierden el equilibrio y se ven afectados. Parece ser el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), en colaboraciones anteriores insistimos en que la oficina del gobernador debiera poner atención a lo que ocurre dentro de ese sistema de educación media superior, por su tamaño, por el número de alumnos que atiende, por su importancia para el desarrollo del estado. Da la impresión de que en lugar de avanzar existen retrocesos. Desde el inicio de esta administración, desde las oficinas centrales del COBAQ se corrió la versión de que su director no duraría mucho en el cargo, que suspiraba por irse al Instituto Politécnico Nacional y que su puesto actual sólo era una estación de paso, que sólo se preocuparía por colocar a su gente desplazando a quien fuera, de hecho ya hubo artículos periodísticos en otros medios dando cuenta de algunas presuntas irregularidades, hasta desplegados se pagaron, la respuesta ha sido el silencio y la instauración de prácticas que parecen poco lógicas. Por ejemplo, la cuota por semestre que abarca la inscripción o reinscripción es de 825 pesos, más, en algunos casos el pago por uso del laboratorio de informática que es de 220 pesos, para dar un total de 1 mil 45 pesos, pero tan sólo el costo del uniforme deportivo que es obligatorio es de 800 pesos, a lo que hay que sumar lo que cuesta el uniforme de diario, entre los dos rebasan el costo de inscripción semestral. Hace no mucho, los ingresos producto de la renta de las cafeterías eran para sufragar los gastos más urgentes de cada plantel, ahora todo lo concentran las oficinas centrales y esos recursos no regresan en materiales y servicios, mientras, en los planteles no hay butacas suficientes, se tienen alumnos con sillas que no tienen donde recargarse para escribir o apoyados en tablones para 10 personas, no hay para marcadores ni papelería, no hay para actualizar los equipos de cómputo; se inauguran instalaciones que carecen de laboratorios, con los puros cascarones de aulas. Las cada vez más precarias condiciones no han afectado significativamente el trabajo porque los docentes y administrativos hacen milagros con lo poco que tienen, pero de seguir las cosas como van el sistema COBAQ tendrá graves daños que repercutirán en sus estudiantes.
Dislocada la dirección general los demás elementos se afectan, hasta el sindicato (STSPE) anda pidiendo públicamente la cabeza de directores de plantel y de funcionarios administrativos en lugar de exigir la desaparición de prácticas que atentan contra el buen clima laboral y los derechos de los trabajadores sin solapar corrupciones e ineficiencias, señalar personas en particular lo pone, innecesariamente, en plan de juez y parte, porque si se le cumple con las destituciones que pide y llega alguien peor, poco podrá hacer para inconformarse puesto que se hizo lo que pidió. Además, a río revuelto ganancia de oportunistas. En fin, ojalá que ahora sí se tomen medidas acordes con la importancia de la educación media superior pública, la que se paga con nuestros impuestos, en lugar de responder a la presión de grupos políticos que piden el pago de facturas con cargo al derecho a la educación.