viernes, 11 de enero de 2013

ALGUNOS APRENDEN, OTROS NO QUIEREN

Se dice que “en Querétaro no pasa nada”, pero en un mundo donde las cosas cambian rápidamente aferrarse a ello es más un desastre que una cualidad, por eso se prefiere darle otro enfoque, solo pasa lo bueno y lo malo se omite, o se le deja de dar seguimiento para que desaparezca por sí mismo, o mejor no se comenta para que deje de llamar la atención. Pero a pesar del control férreo algo se cuela. Administraciones municipales anteriores quisieran que el 2013 trajera la amnesia colectiva suficiente para que se olvidaran sus malos manejos financieros, pero no todos los deseos se cumplen, menos cuando los “errores” afectan la calidad de vida de miles de queretanos por varios años. Todavía en la semana que acaba de terminar, los medios de comunicación locales y nacionales ubicaban a dos municipios queretanos dentro de una lista de crecimiento exagerado de su deuda, no porque pidieran prestado, nada más eso les faltó, sino porque gastaron mucho más de lo que recibieron dejando pagos pendientes a proveedores, sin liquidez necesaria para hacer frente a los gastos de operación para terminar el año fiscal, y eso implica todos y cada uno de los servicios públicos municipales ─agua potable, alumbrado público, mantenimiento de vialidades, recolección de basura, servicios de salud, becas estudiantiles, urbanización, seguridad y prevención del delito, etc.─, pago de salarios y prestaciones, lo peor de todo es que no se sabe, con absoluta certeza, en qué se gastó ese excedente en el gasto público. Las cuentas no salen. Por supuesto que la ciudadanía dio su veredicto, tanto el municipio de Corregidora como El Marqués cambiaron de partido en el poder, ambos eran priistas y ahora son panistas, ambos son conurbados a la capital del estado, tanto que forman parte de ella; ambos fueron ganados por personajes que ya fueron polémicos y gobernaron se municipio para perderlo después contra su principal oposición, y aún así sus vecinos los prefirieron. Podemos encontrar más similitudes, los escándalos por gastos considerados excesivos o injustificados aparecieron en repetidas ocasiones en los diversos medios de comunicación, en contraste con acusaciones de serios descuidos en áreas sensibles para la sana convivencia y el desarrollo de sus ciudadanos, ni modo que el gobierno del estado o sus dirigencias partidarias no supieran de las quejas, denuncias y anomalías que comenzaban a circular con insistencia, y sin embargo las dejaron correr. El espacio es limitado así que elijamos el municipio de El Marqués para ejemplificar una situación que por descuido se volvió insostenible. El 9 de octubre del año pasado en un boletín de prensa la recién llegada administración municipal señalaba: “El último balance nos ha mostrado que la deuda pública que se heredó de la pasada gestión de Rubén Galicia Medina, se incrementó de 150 a 200 millones de pesos, lo cual significa el 50 por ciento del presupuesto anual que corresponde al Municipio; por ende, deja un margen reducido para el gasto social y la ejecución de infraestructura”. Pero además se detallaban algunas de las anomalías: “se han detectado hasta hoy 53 licencias apócrifas, para la venta de alcoholes, sin pasar por los procesos oficiales en la Secretaría de Gobierno Estatal; situación en la que ya se ha intervenido iniciando con la clausura de estos lugares clandestinos”. ¿Quiénes fueron los ganones? Veintidós días después, el 31 de octubre en otro boletín, se abundaba: “De manera específica, se encontraron las siguientes irregularidades. En la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que tenía a su cargo Juan Pablo Muñoz Morales, entre otras irregularidades se detectaron obligaciones de pago a corto plazo por más de 127 millones de pesos, lo que incluye pagos a contratistas, proveedores y prestadores de servicio. A este monto se suman otros pasivos no provisionados, como contingencia laborales, que dan un total de 205 millones de pesos […] que a 16 ex servidores públicos de primer nivel, se les calculó un importe mayor al que les correspondía por los rubros de antigüedad y gratificación especial por los servicios prestados […] ejecución de obras que no cuentan con proyectos ejecutivos, estudios necesarios y permisos requeridos”. Además de afectaciones al parque vehicular por falta de mantenimiento y un largo etcétera. En fin, este no es un recuento de lo sabido por haberse publicado, es un reclamo porque a esos malos manejos, a esas ilegalidades, no se les aplicaron medidas preventivas para que no ocurrieran, o correctivas para que no persistieran, a pesar de que hubo las señales de que algo se estaba haciendo mal, ni, al parecer, habrá consecuencias contra los funcionarios que se pudieron beneficiar. En el boletín señalado anteriormente se advertía de un plazo de 15 días para conocer de las sanciones a que podían hacerse responsables. La ciudadanía de esos municipios ya hizo su tarea, quitó del poder a esos grupos políticos, al menos omisos e ineficientes, falta que la clase política haga lo propio y demuestre que aprende las lecciones, que, desgraciadamente les costarán a los habitantes de esas demarcaciones.