viernes, 2 de agosto de 2013

CONTEO MACABRO

“Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto -desde diciembre que tomó posesión hasta el final de junio pasado- han ocurrido al menos 7 mil 119 asesinatos en diferentes hechos violentos, según cifras de la Secretaría de Gobernación.” La Jornada 12 de Julio del 2013. Desaparecer la violencia de los discursos no la ha evitado, las mismas cifras oficiales indican que está desbocada, que se está volviendo la manera “natural” de imponerse en grupos sociales ligados a actividades abiertamente ilegales. Malo que las cifras macabras no disminuyan, por lo menos no a un nivel mucho menor, digno de una sociedad que se precie de ser democrática, apegada a acuerdos de convivencia pacífica. Ya la semana pasada citábamos al especialista Carlos Montemayor quien develaba la mañosa estrategia en la guerra contra el crimen organizado: solo se atacan los segmentos más débiles, donde están los deshechables, los que tienen que ver con el descontrol de los grupos de sicarios, con las venganzas, con la barbarie que aterroriza, pero se olvidan o se dejan de lado los que tienen que ver con el control territorial de zonas indispensables para el cultivo, el procesamiento, el trasiego de precursores químicos traídos por toneladas del extranjero; la necesaria relación perversa y cómplice con autoridades ejecutivas, judiciales y policiales, con banqueros y empresarios que “lavan” el dinero, que crean empresas fantasma para entrar a los circuitos financieros, de eso nada. ¿Alguien recuerda que el tema de los narcolaboratorios encontrados en, al menos, dos zonas industriales queretanas, apareciera en alguno de los informes de gobierno, en algún boletín de prensa donde se identificara algún responsable siquiera de mediano calibre? Pero además “desaparecen” a las víctimas, a los miles de ciudadanos extorsionados, “levantados”, secuestrados, mutilados, esos “daños colaterales” que a los sinvergüenzas les parecen una simple consecuencia de sus hazañas guerreras. En las discusiones del Pacto por México no aparecen, no hay nada que revele la mínima preocupación por rescatar sus historias, siquiera sus nombres y edades. El memorial calderonista quedó como una burla más de un presidente cínico y desbordado. La mejor forma de hacer ese fallido acto de ilusionismo, desaparecer a las víctimas, es convertirlas en simples cifras, en estadísticas de nota roja que por su cuantía saltan a las primeras planas salpicándolo todo. Hay que recuperar la indignación que produce el horror de saber, como lo consigna la nota de Juan Carlos Miranda del 31 de julio del año que transcurre, en el diario La Jornada, que: “El número de homicidios en México subió casi 150 por ciento en el sexenio de Felipe Calderón, en cuyo último año de gobierno se cometieron 71 asesinatos diarios, revelan datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La dependencia informó que en 2012 se cometieron en México 26 mil 37 homicidios, la segunda cifra más alta registrada en el país desde 1990 (último año del que ofreció datos el Inegi), tan sólo ubicada por debajo de la que se documentó en 2011, que fue de 27 mil 213 muertes violentas.” Pero los esfuerzos interesadamente incompletos, los malos resultados no se agotan en sí mismos, producen nuevas formas de lastimar a una sociedad agraviada, allí está la trata de niños y mujeres, principalmente, con fines de comercio y explotación sexual; nuevas formas de esclavitud que se aprovecha de los migrantes, de los pobres, de la precarización laboral. Habrá que denunciarlos para prevenir que sucedan más casos. Existen intentos dignos por darles voz a esas víctimas, regresarlas del injusto olvido, allí están poblando las redes sociales, en las valientes investigaciones de periodistas que no se han ahogado con las olas de silencio y ausencia de los medios de comunicación que se conforman con los boletines oficiales; es cuestión de buscarlos para encontrarlos, aquí siguen para darnos aliento, para que no desfallezcamos exigiendo justicia, seguridad, democracia, reparto equitativo de la riqueza; para que la impunidad y la corrupción no sean formas de intercambio de favores y privilegios, en perjuicio de los que somos más.