sábado, 12 de octubre de 2013

LEGALIDAD RETORCIDA

Si nos mantenemos atentos es fácil que una idea nos atrape, más cuando parece caer en el momento justo, dando respuesta a las preguntas que nos hacemos; o cuando cuestionan la información predominante y rompen con creencias arraigadas pero inútiles por inaplicables. Eso está pasando ahora, pero para ello es necesario darle espacio a esa idea, dejar que respire, que haga su labor subversiva. Tenemos más de un mes oyendo a los fetichistas de la normatividad, esos que creen que es suficiente con prohibir cualquier cosa para evitar que suceda, pedir represión y castigo; como si la desbordante realidad pudiera sujetarse con una ley o reglamento. Vamos con la idea, leámosla con calma dejando que cumpla con su cometido, ofrecer una mirada diferente y quizás explicar lo que no hemos podido, en esta ocasión corresponde al italiano Giorgio Agamben, alumno del filósofo Martin Heidegger y traductor de Walter Benjamin: “Los poderes y las instituciones no están hoy deslegitimados porque hayan caído en la ilegalidad. Es verdad más bien lo contrario, la ilegalidad está tan difundida y generalizada porque los poderes han perdido toda conciencia de su legitimidad. Por ello, es vano creer que se puede afrontar la crisis de nuestra sociedad mediante las acciones –ciertamente necesarias– del poder judicial. Una crisis que embiste la legitimidad no puede resolverse sólo en el plano del derecho.” Ahora apliquémosla a un caso conocido. Parece obvio que una reforma educativa no puede hacerse sin la participación de quienes tendrán que ponerla en práctica: los maestros frente a grupo, por eso, las frenéticas diatribas de un secretario de educación que ignora esto no tendrán efecto alguno sobre el incremento de la calidad de la educación, más bien al contrario, estorbarán por el rechazo que deja ver su ignorancia sobre el tema. Tampoco servirá invocar una legalidad repudiada. Cualquier cambio en el marco legal debe tener como prerrequisito la voluntad de los involucrados para acatarlo, el simple uso de la fuerza no será suficiente. ¿Cómo se obliga a miles de maestros, manifestándose en al menos 22 estados del país, a cumplir con una legalidad que los agrede directamente? Ninguna fuerza policial será suficiente. Con más calma, no hay policía o ejército que alcance para obligar a miles de maestros, distribuidos a lo largo y ancho del país, para acatar una norma que no reconocen. Esa es su fuerza, de los maestros o de cualquier grupo social organizado alrededor de intereses propios y bien definidos; y esa es la grave falla de una reforma laboral disfrazada de educativa. Y todavía lo anterior supone un proceso legislativo o judicial también apegado a sus propias normas, lo que tampoco se está cumpliendo puesto que ambos poderes están siendo avasallados por una pequeña cúpula, el llamado Pacto por México, que pretende una representatividad que está muy lejos de tener. Completemos la idea de Agamben expuesta en una conferencia titulada “Mysterium iniquitatis”, en latín, dado que el italiano encuentra su inspiración en la teología – reseña publicada en la Revista Ñ el 7 de octubre de este año–: “La hipertrofia del derecho, que pretende legislar acerca de todo, traiciona más bien, a través de un exceso de legalidad formal, la pérdida de toda legitimidad substancial.” Allí está nuestro problema y el porqué de la reformitis del gobierno federal y algunos estatales, creer que reglamentarlo todo modela la realidad, sin tomar en cuenta a los afectados, como si no existieran ni tuvieran la capacidad de oponerse. Para acabarla de amolar no se quiere cambiar lo que está podrido, se ignora la corrupción en escala que revienta lo que sea, por muy buenas intenciones que se tengan. Un ejemplo: “Desde 2009, 43 alcaldes han sido asesinados y otros 30 secuestrados, según ha denunciado esta semana la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm). México tiene 2.457 alcaldes y la organización calcula 983 han sido amenazados por carteles del narcotráfico: un 40%.” (Publicado en el diario español El País el 9 de octubre de este año). Así no se puede gobernar ningún país, tampoco promover su desarrollo, menos exigir el apego a una legalidad rebasada. A pesar de que todos conocemos, diario, de casos de corrupción extrema, pública o privada, no se hace nada. Lo más reciente son los juniors de algunos de nuestros políticos y empresarios, dicen tener ambas vocaciones, que presumen su insultante fortuna legalmente inexplicable; o los policías federales acreditados, que ya pasaron los controles de confianza y que forman parte de bandas de secuestradores o extorsionadores, y de la frustración de que no pasa nada. Esa idea produjo su efecto, cambiar la mirada y la percepción sobre los eventos que nos preocupan y afectan a todos; darles una explicación diferente, salir de la trampa de la simplificación que sólo sirve para polarizar e incrementar la intolerancia. Mientras, las cúpulas empresariales, esas que integran los poderes fácticos, se niegan a contribuir en el desarrollo de un país que se nos deshace entre las manos, prefieren sus privilegios y desvían la atención satanizando a los que menos la deben.