viernes, 5 de diciembre de 2014

INCREDULIDAD JUSTIFICADA

No es suficiente con tener la fuerza, también hay que tener la razón para utilizarla. Seguiremos insistiendo, porque es lo que se siente, lo que se percibe, lo que se sufre, que en nuestro país la “fuerza del Estado” no está para proteger a la población contra los abusos de quien sea, sino para abusar de la población que queda indefensa ante los influyentes, los recomendados, los poderosos económicamente, los supuestos aristócratas (mileidis y mirreyes), los criminales organizados o no, los políticos sinvergüenzas, los más que codiciosos empresarios, los banqueros agiotistas; cualquiera que no sea de estos puede convertirse en víctima en cualquier momento, si no es que ya lo es o ya lo fue. Muchos se lamentan porque no se castiga a los vándalos que ahora “acompañan” cualquier manifestación de inconformidad, prefieren creer que los detenidos y tratados peor que delincuentes en realidad se lo merecen, todavía les cuesta trabajo darse cuenta que nuestras “fuerzas de seguridad” están acostumbradas al abuso y a la impunidad porque sus jefes se los ordenan y los protegen, y esos jefes a su vez son protegidos y tolerados por otros de mayor jerarquía, y así hasta llegar a la punta de la pirámide. La corrupción, la impunidad y la consecuente inseguridad existen porque algunos se sienten beneficiados con ellas. Y esos no van a permitir que las cosas cambien nada más porque se les pida, claro que no, seguirán utilizando toda la “fuerza del Estado” para defender que las cosas no cambien sustancialmente, allí están los intentos de acotar o criminalizar la protesta social. Allí están sus viejas mañas, como arremeter contra los manifestantes “que parezcan estudiantes” o contra familias indefensas, mientras, por otro lado, se cuidan de no afectar a los poquitos de siempre que causan destrozos y que seguramente conocen a la perfección. Y no hay renuncias ni castigos por el asesinato de 6 estudiantes de la Normal Isidro Burgos y la desaparición de otros 43, a 70 días más los que se acumulen de ese indignante suceso. Pero ahora hay que pelear por la liberación de Ariel Flores López, Demián Reyes Lara, Oscar Espinoza y denunciar el hostigamiento contra Alfredo Martínez http://alfredomartinezclown.blogspot.mx/2014/11/los-origenes-el-teatro.html?spref=fb El problema no son los policías municipales “que se corrompen”, como si sólo los pobres se corrompieran. Es más, en la exposición de motivos de reforma constitucional para eliminarlas se encuentra que 600 alcaldías ni siquiera tienen cuerpo policiaco, no se tiene a quién corromper, bueno, en ese nivel. Ni qué decir sobre sus bajos salarios, su casi nula preparación académica, su vulnerabilidad y desprestigio social. Si ese fuera el argumento habría que desaparecer el Congreso, la Presidencia, los Tribunales, las Procuradurías disque de Justicia. Como podemos ver la misma iniciativa ofrece motivos en su contra: “Tenemos que las 20 corporaciones municipales más grandes concentran el 25 por ciento del total de policías municipales del país. En contraste, el diez por ciento de los policías municipales se dispersa entre mil 110 municipios, promediando alrededor de 12 elementos en cada uno”. Rolando Herrera en Reforma del 3 de diciembre del 2014. Y nadie puede argumentar que esas fuerzas municipales concentradas no hayan sido cooptadas por el crimen organizado y tolerado por sus propios jefes. En el mismo medio Yaotzin Botello da cuenta de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia Internacional, con encuestas realizadas hasta julio de este año, es decir, antes de los casos de Tlataya, Ayotzinapa, Iguala y la Casa Blanca; aún sin ellos nuestro país se ubica en el lugar 103, lo que significa que está entre los más corruptos y menos transparentes. Si las encuestas hubieran tomado en cuenta, por su temporalidad, los sucesos ya señalados, el derrumbe sería más que catastrófico. ¿Cómo creerles? Por un lado y con el pretexto de salvaguardar el “derecho a la movilidad”, pero sin tocar los intereses de los poderosos grupos de concesionarios del transporte público, se le contrapone al derecho de manifestarse en lugares públicos. En lugar de legislar para sancionar a los funcionarios que dejan crecer los problemas, por desatenderlos por comisión, omisión o corrupción, y que provocan que los ciudadanos no encuentren otra forma de manifestar sus demandas e inconformidades más que volviéndose visibles; o sancionar a los medios de comunicación que cierran sus páginas, micrófonos y pantallas con el pretexto de no enemistarse con algún influyente o poderoso patrocinador público o privado, se quiere utilizar, otra vez, “toda la fuerza del Estado” contra los más vulnerables, contra las víctimas de sus ineficiencias, de sus intereses ocultos. Edgardo Buscaglia en Twitter: “¿Borrar poder local/polis municipales? ¿Fuerzas únicas? Parece que el objetivo es organizar mejor mafias y coordinar mejor la corrupción”.