viernes, 9 de octubre de 2015

COMIENZO DEBATIBLE

Casi no hay gobierno entrante que no se queje del saliente, a menos que sean del mismo partido político y hayan hecho acuerdos para fingir una transición de terciopelo. Pero los saqueos allí estaban y se siguen cometiendo. El gobernador entrante de Nuevo León denunciando públicamente que, para comenzar, le faltan 100 mil millones de pesos. Los morenistas del D.F. y delegados de otros partidos que parecen sorprendidos porque les dejaron las oficinas vacías, sin parque vehicular ni para recoger la basura, sin padrones de industrias y comercios, sin cuentas bancarias donde, supuestamente, se depositaban los dineros para hacer que sus demarcaciones funcionen. Pero lo mismo pasó en el Tabasco de Granier, en el Yucatán de Patrón Laviada, en el Coahuila de los Moreira, en el Morelos de Sergio Estrada o Marco Adame; hasta en las administraciones del más pinchurriento municipio hay desvíos, enriquecimientos explicables y cínicos, todos a cargo de una ciudadanía indefensa que sólo se queda guardando rencores esperando cobrarlos algún día. Ni siquiera los gobiernos afines ideológicamente y hasta con parentescos familiares, aunque sean de partidos diferentes, se salvan. Parece que elegimos virreyes con facultades para hacer y llevarse lo que se les pega la gana. Parece que seguimos los mismos malos pasos, allí está el caso queretano según denuncias del gobernador entrante, que para justificar las primeras medidas de recorte de personal alega un faltante inicial de 17 millones de pesos en USEBEQ y después, sumando otras dependencias, llegó hasta un “déficit” de 650 millones. Según las agencias de noticias, citando a Francisco Domínguez: “"En todos los sexenios, nunca lo había habido, desde Enrique Burgos había 11 meses de colchón para las pensiones, con Nacho Loyola hubo 12, con Paco Garrido 14 y hoy es al revés es una presión altísima en las pensiones y hay un desequilibro y esto va a tener un costo para la administración y las finanzas". El texto original de este artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://queretaro.quadratin.com.mx/Denuncia-Francisco-Dominguez-deficit-de-650-mdp-en-Gobierno-Estatal/ Quizás se están guardando en exceso las formas, mientras en otros lugares se denuncian saqueos, robos, faltantes, incrementos ilegales o irresponsables de la deuda pública, aquí apenas se dice que es un “déficit”, aún sí se está diciendo que falta algo que debiera estar allí. Además, un “déficit” de ese tamaño no es pretexto para alegar una casi parálisis que justifique despedir a mil trabajadores o funcionarios medios, porque, para empezar, el gasto inmediato en indemnizaciones tiene que salir de algún lado. Más despacito, ¿qué tan significativo es un “déficit” de 650 millones en un presupuesto del tamaño que se autorizó para el 2015 por la LVII legislatura?: “Con el fin de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, se propone que para el ejercicio fiscal 2015, el Presupuesto de Egresos para el Estado de Querétaro ascienda a $ 26,564,435,137 (Veinte y seis mil quinientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento treinta y siete pesos), cifra igual a la estimada en la Ley de Ingresos para el mismo ejercicio fiscal, dando con ello cumplimiento al equilibrio presupuestal”. http://www.upq.mx/uploads/documentos/normatividad/presupuesto2015.pdf Si la lógica matemática y la calculadora no mienten, lo faltante equivale al 2.45 por ciento del presupuesto anual, aunque hay que considerar como agravante que al año fiscal le faltan 3 meses por transcurrir y el gobierno no puede detener sus actividades y debe pagar sueldos y demás gasto corriente. De todas formas como que algo no corresponde. Para empezar llamarlo “déficit” —que según la RAE significa: “En la Administración Pública, parte que falta para levantar las cargas del Estado, reunidas todas las cantidades destinadas a cubrirlas”— resulta muy blando, como con falta de contundencia, como si fuera algo accidental. Tampoco se siente que la mejor medida para cubrir tal “déficit” sea despedir a mil trabajadores, más si se considera que son entradas necesarias para igual número de familias con 5 integrantes cada una y que, quizás, tengan deudas hipotecarias o de otro tipo que se adquirieron asumiendo cierta seguridad en el trabajo. ¿Realmente no había de dónde recortar? Por qué no en sueldos de funcionarios de primer nivel y reciente ingreso, en prestaciones y compensaciones, en las jubilaciones anticipadas de funcionarios otorgadas en los últimos 3 meses o que están pendientes de aprobación. Mientras, se anuncia también la cancelación de programas sociales que seguramente requieren de una reingeniería a fondo más que su desaparición, como RedQ o todos los agrupados en Soluciones, que seguramente reaparecerán después con otros nombres. Pero comenzar una administración pública con los trabajadores propios inconformes por el estado de incertidumbre en que se les colocó, no es buen augurio, más si no se siguen con medidas que encuentren a los responsables del faltante, o si no se cuantifica de forma transparente el monto real del mismo. Asumir costos políticos ajenos nunca ha sido buena estrategia. Desafortunadamente la crisis financiera no es la única que hay que atender de emergencia, la inseguridad avanza a paso más que rápido, la movilidad urbana está colapsada, las reformas estructurales no funcionan y pronto pasarán la factura a los estados —como ejemplo está la cancelación del tren de alta velocidad prometido en campaña electoral federal—, como el nuestro, que se han beneficiado de la coyuntura internacional. Urge dar señales de rumbo, sin cargarle las facturas a una población que prefirió la alternancia y que puede sentirse, en lo inmediato, injustamente agredida y decepcionada. Ojalá que no se sigan cometiendo los mismos errores de siempre creyendo que las caras ¿nuevas? los harán pasar desapercibidos.