domingo, 28 de agosto de 2016

LA EXPOSICIÓN DE LA VERGÜENZA

La punzante Carmen Aristegui entrevista al Juez Roberto F. Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 22 de agosto, la pregunta es obligada pero pocos la hacen ¿con qué mecanismos cuenta dicha Corte para hacer respetar sus resoluciones en los países que están, como México, adheridos a ella? El Juez llega a la última instancia cuando hay gobiernos que no respetan su legalidad interna ni la internacional, la llamada “exposición de la vergüenza”. Eso significa que el quedar señalado, después de un largo proceso de investigación, como repetido infractor de los Derechos Humanos ante los 26 países firmantes, que abarcan más de 560 millones de pobladores, y el resto del mundo, obliga a los gobiernos renuentes a recibir y acatar esas resoluciones, aunque no quieran. Pero ¿qué se hace con gobernantes que no tienen ni vergüenza? En nuestro sistema educativo conviven —es un decir—, todas las virtudes y defectos de una sociedad como la nuestra, desde el respeto y consideración por la potencialidad de nuestros niños y jóvenes, hasta la simulación y el chambismo. Por eso, una verdadera reforma educativa debe ofrecer a los docentes, entre otras cosas, un “piso parejo” para demostrar sus capacidades y entrega, independientemente de otras formas de méritos que, con el paso del tiempo, se han ido pervirtiendo hasta extremos increíbles. Por “no meterse en problemas” nuestras instituciones educativas han aceptado acreditaciones académicas falsas o de instituciones patito que se dedican al negocio de cobrar por grados que se cursan en el papel, algo así como “pague ahora y aprenda si le da la gana”, el affaire Peña Nieto y su tesis es una muestra. Los mismos sindicatos se prestan al juego defendiendo agremiados que no soportan la más mínima investigación de sus antecedentes laborales y académicos; por otro lado, existen docentes altamente capacitados que aprendieron a aprender por su cuenta y riesgo, y que requieren de una instancia propia del contexto en que desarrollan su labor, que reconozca esos saberes e idoneidad. La Ley General del Servicio Profesional Docente, con su propia forma de evaluar, parece una oportunidad ideal para lograr tal propósito. Que su juzgue a los profesores por su desempeño actual, por sus conocimientos reales y puestos en práctica, por sus competencias pues, no por méritos cuestionables, poco adecuados o insuficientes para hacer que sus estudiantes se apasionen por aprender y lo logren. La política debiera ser el arte de hacer posible lo deseable, pero nuestros gobernantes convierten lo deseable en imposible. La mencionada Ley del Servicio Profesional Docente parece tener objetivos claros que se van opacando según avanza su articulado, por ejemplo: «Artículo 4. XXXII. Servicio Profesional Docente o Servicio: Al conjunto de actividades y mecanismos para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados.» Suena bien, pero las cosas se embrollan y comienzan los candados que permiten que dichas funciones queden como simples promesas o casi vacías de contenido: «Artículo 13. VIII. Desarrollar un programa de estímulos e Incentivos que favorezca el desempeño eficiente del servicio educativo y contribuya al reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial. Artículo 14. V. Establecer niveles de competencia para cada una de las categorías que definen la labor de quienes realizan las funciones de docencia, dirección y supervisión, a efecto de que dicho personal, las escuelas, las zonas escolares y, en general, los distintos responsables de la educación en el sistema educativo cuenten con referentes para la mejora continua y el logro de los perfiles, parámetros e indicadores idóneos.» Muy bonito, pero en la redacción se abre la puerta, al establecer “perfiles, parámetros e indicadores”, a que el chambismo o la falsa meritocracia se cuelen y se apropien, otra vez, de todo el andamiaje de promoción, incentivos y reconocimientos, al “piso parejo” le aparecen los baches que lo pueden volver intransitable o desalentador. Hay que advertir que buena parte de la crisis educativa tiene que ver con la poca o nula preparación pedagógica de licenciados, maestros y doctores que pueden dominar su materia, pero resultan incapaces de mediar entre un programa de estudios y el aprendizaje real de los niños y jóvenes. Peor todavía, hay que esperar hasta casi la mitad del articulado para caer en el franco desánimo porque dice: «Artículo 39. […] El acceso al primer nivel del programa y el avance de niveles estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal.» Y ya sabemos que en este país la educación es prioridad en los discursos, pero no en el presupuesto, de hecho, cuando hay que “ajustar”, lo primero que se les ocurre es desaparecer el financiamiento que ya estaba autorizado, bueno, el último “recorte” fue de 6 mil 500 milloncitos, más los que se quiten para lo que resta del año y el que entra. Eso significa que docentes evaluados que logren una destacada o excelente calificación, no podrán entrar a los programas de promoción o de incentivos porque no hay dinero, con promesas incumplidas no se estimula a nadie, más bien se provoca un efecto contrario. En la misma Constitución debería establecerse la obligación del Estado para que se destine el presupuesto suficiente para que nuestro sistema educativo pueda “atraer y retener a los mejores docentes”, como dice la propuesta de Modelo Educativo 2016, porque ahorita se están fugando. Cualquier país con buenos resultados educativos sabe que tener buenos maestros —bien capacitados, los mejores en su profesión y con vocación, bien pagados para atraer y quedarse con los mejores—, es indispensable para eso que llaman “calidad”. No se puede presumir que la educación es una prioridad y derecho supremo de los niños, cuando en lo real se desprecia al magisterio, se le mal trata, se le insulta y señala como irresponsable y convenenciero, menos recortando los recursos para premiar a los que se lo merecen y, en última instancia, serán los encargados de transformar mucho de lo malo que padecemos.